Aportes en relación al Proyecto de Ordenanza N° 354-PEDH-2017 “Comodato para la construcción de Centro Asistencial”

Luego de que el Concejo Deliberante (CCDH) aprobara el proyecto en primera lectura (Mosman y Chamorro por el SÏ/Corbatta por el NO) y tras celebrarse la Audiencia Pública correspondiente (donde la amplia mayoría del pueblo rechazo la propuesta), se delinean algunas observaciones de cara a la segunda lectura de la ordenanza que deberá hacer el Concejo.
El debate ha girado en torno a tres ejes: la radicación del HPR en Dina Huapi, el acceso a la salud pública y la cesión de tierras en comodato a una entidad privada.
1) El Hospital Privado Regional S.A. es una empresa dedicada al comercio de los servicios de Salud y la discusión sobre la legitimidad de este tipo de actividades excede el conflicto de nuestra comunidad. Sea por razones económicas, estratégicas, políticas o de servicios por la comunidad, el HPR ha decidido iniciar su actividad comercial en nuestro Municipio y, siempre que se ajuste a la legislación vigente, tiene el derecho de hacerlo.
Tan claro es este Derecho que tiene el HPR que el CDDH sancionó en 2017 la ordenanza 278/17 que regula el Régimen Municipal de Iniciativa Privada, entendido como “instrumento jurídico que tiene por objeto estimular la inversión privada para la elaboración y el desarrollo de proyectos de interés público para la comunidad”. Sin embargo el proyecto del HPR no fue canalizado por este medio, sino que directamente fue presentado bajo la autoría del Sr. Intendente Danilo Rojas, como Proyecto de Ordenanza desde el Poder Ejecutivo Municipal.
Desde la empresa se sostiene que fue el Ejecutivo quien salió a buscar al HPR para solicitar sus servicios, aunque en la audiencia pública no se hayan puesto de acuerdo sobre este punto. Es más, el proyecto de ordenanza cita como antecedentes “nota presentada por la firma Hospital Privado Regional del Sur S.A.” Independientemente de esto, el Art. 3 de la ordenanza de Iniciativa Privada es claro: “la presentación puede ser espontánea o responder a una convocatoria pública, emanada del Poder Ejecutivo Municipal”. No hay terceras posiciones: O el HPR apeló al mecenazgo del Intendente para que presente sus intereses comerciales y así evitar la Iniciativa Privada o el Intendente omitió realizar una convocatoria pública para la creación de un Hospital Privado, evitando también el mecanismo. Cabe preguntarse entonces por qué motivo se optó por iniciar una “vía paralela” (concepto aportado por la asesora letrada del CCDDH) en lugar de recurrir a la modalidad de Iniciativa Privada. Quizá sea porque la vía de la Iniciativa Privada que deberían haber tomado no es de tránsito rápido como la que ellos proponen, sino que requiere que se conforme una “Comisión de Evaluación de la Iniciativa Privada”, se abra una Licitación Pública o Concurso y donde la cesión el comodato propuesta por el Intendente debería por lo menos tener algún fundamento que la sustente.
Asimismo se debe tener en cuenta que esta cesión de tierras implicaría una violación al principio de igualdad, excepto que se garanticen los mismos derechos a otros emprendimientos comerciales similares a radicarse en Dina Huapi, lo cual sería sumamente riesgoso para el desarrollo inclusivo y sustentable de la ciudad.
2) El Ejecutivo ha anclado su defensa del proyecto en torno al deficiente servicio de salud pública con el que se cuenta actualmente en Dina Huapi y la posibilidad de que los vecinos accedan de manera gratuita a la salud, a través del Hospital Privado. Está fuera de discusión el aporte significativo que sería un hospital privado en nuestra localidad, en especial para las personas con cobertura privada de salud.
El sistema de salud depende de la Provincia de Río Negro, cuya gobernación una vez más se encuentra ausente a la hora de resolver los conflictos locales. Es ante el gobierno provincial que el Municipio debe gestionar en primera instancia y por todos los medios, el fortalecimiento en los servicios de salud para los ciudadanos de Dina Huapi y así evitar que las responsabilidades recaigan sobre los trabajadores de la Salita de Dina Huapi, cuando es el Estado (provincial y municipal) el que debe garantizar las condiciones de acceso.
El proyecto de ordenanza cita de manera arbitraria el Art 13 de la Carta Orgánica, haciendo cambiar el sentido del articulado de nuestra máxima ley. El proyecto de autoría del Intendente dice que se ha puesto en cabeza del Estado Municipal la obligación de “… gestionar y/o promover… 4) a descentralización del servicio de salud para asegurar su prestación equitativa…”. Allí donde figuran puntos suspensivos nuestra carta orgánica dice
que la Municipal tiene la obligación “ANTE LOS ORGANISMOS LOCALES, PROVINCIALES Y
NACIONALES DE SALUD PUBLICA de “… gestionar y/o promover…
Esta alteración del sentido último de nuestra carta orgánica implica desligar al Estado en tanto garante de la
salud para toda la población, depositando en una Sociedad Anónima la capacidad de brindar el servicio.
Decía que el otro gran argumento esgrimido por los defensores del proyecto es que el HPR brindará
prestaciones gratuititas para los vecinos y vecinas de Dina Huapi. El modelo de comodato presentado en la
ordenanza dice que “h) la totalidad de las prestaciones descriptas en la presente cláusula deberán ser
brindadas de forma gratuita a todos los eventuales usuarios del servicio de salud que así lo requieran en caso
de no contar con cobertura médico asistencial de obras sociales y/o medicina prepaga, con la condición que
residan de manera permanente en la ciudad de Dina Huapi”.
Sin embargo en la audiencia quedó expuesto en palabras del Presiente del HPR Sr. Mazzolenis (lo cual está
documentado), que las prestaciones serían eventuales y atadas a cuadros de emergencia, debiendo después
resolver el proceso sanitario por cuenta de cada individuo o familia.
La falta de antecedentes y jurisprudencia sobre casos en donde un hospital privado asuma gratuitamente la
atención de la salud de toda una ciudad y la omisión de una propuesta de regulación sobre las prestaciones que
daría el HPR, hace muy endeble la posibilidad de que efectivamente los vecinos contemos de manera gratuita
con todos los servicios brindados por el HPR. Nuevamente aquí, sostenemos que es el Estado quien debe
garantizar el acceso a la salud y no dejarlo a beneplácito de los empresarios.
3) El otro punto de conflicto que se debatió en estos días es sobre la cesión en comodato de una tierra municipal,
para un emprendimiento privado, por el plazo de 20 años. Acá hay una clara violación de la Carta Orgánica en
su artículo 114 donde se aclara que el Municipio podrá disponer de la figura de comodato gratuito, renovable
y de uso máximo de 2 años para entidades de bien público. Ni entidad de bien público, ni 20 años. Al haber
realizado este cuestionamiento en la Audiencia Públici y ante la incapacidad del Secretario de Gobierno Juan
José Deco para explicar los motivos de la violación de la carta orgánica, la asesora letrada del Poder Ejecutivo
intentó esbozar una explicación aludiendo a la excepecionalidad del proyecto en cuestión, lo cual avalaría
extender un plazo de 2 años a 20 años. Cabe destacar que en el proyecto presentado no hay una sola referencia
al carácter de excepcionalidad del proyecto, como así tampoco se justifica de modo alguno la cesión en
comodato de la parcela de 6.000 m2 identificada catastralmente como 19-3-D-278-02.
Esta situación pone en relieve la urgente necesidad de discutir el desarrollo territorial y la planificación
urbana de nuestra ciudad, que crece de manera vertiginosa y que se estima cercana a los 6000 habitantes.
Vale recordar que el año pasado el CCDD aprobó la ampliación del ejido municipal de manera inconsulta
(actualmente con 1216 hectáreas), proponiendo un nuevo territorio de casi 42,000 ha, desatendiendo así las
experiencias de ciudades similares y las recomendaciones de urbanistas y planificadores respecto a los
problemas que conllevan los ejidos dispersos y poco consolidados.
A modo de ejemplo la ciudad de Bariloche tiene un ejido municipal de 27,000 ha (similar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y una incapacidad manifiesta para brindar servicios a toda su población a causa
de su gran extensión. Dina Huapi sería tan grande como 3 Bariloches.
Un hecho tan relevante como es el de pasar de ser el ejido municipal más chico del país en la actualidad, a
uno de los más extensos, requiere por lo menos el debate ciudadano sobre a)la necesidad de esta ampliación,
b) una seria discusión sobre las valorizaciones de los suelos incluidos en esta operación (la mayoría de la
nueva tierra propuesta es de un privado), c) la capacidad del municipio de recuperar parte de esta renta
urbana y d) el reordenamiento territorial acorde a la nueva realidad de Dina Huapi. Para esto es necesario e
impostergable que el Municipio conforme el Concejo de Planificación Urbana tal como lo exige la Carta
Orgánica, cosa que ha evitado hasta la fecha.
La conformación plural de este Concejo con carácter vinculante permitirá debatir el desarrollo y el futuro
crecimiento urbano de Dina Huapi, teniendo como eje rector la función social de la tierra incluida en nuestra
carta orgánica e impidiendo que la lógica inmobiliaria sea la que ordene nuestro territorio.
PABLO MARIGO
Sociólogo – Becario Doctoral CONICET

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