Danilo Rojas a un paso del PROcesamiento

El Intendente de Dina Huapi fue denunciado por presunta “malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El motivo, el manejo de fondos de una obra pública. Habrá cuatro meses para la investigación. Un jefe comunal con antecedentes.

Danilo Rojas atraviesa su momento más complejo como intendente de Dina Huapi. El Intendente del PRO escuchó este jueves como la Fiscalía le formuló cargos por diversos delitos, relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a la construcción de una bicisenda.

La denuncia inicial fue realizada por el Tribunal de Contralor de la ciudad, en el año 2016. E incluso los mismos vocales oficialista del organismo de control -es decir del partido de Rojas- acompañaron la presentación.

Con posterioridad, el Fiscal Guillermo Lista promovió la investigación contra el Intendente y su ex secretario de Obras Públicas, Carlos Morazzani. Ahora, la Jueza de Garantías Romina Martini dio por formulados los cargos y rechazó el planteo de prescripción de sobreseimiento -planteado por la defensa- por entender que hay material suficiente para iniciar la investigación y colectar la evidencia necesaria para la elaboración de sus teorías del caso. Otorgó los 4 meses de plazo para la elaboración de la investigación.

Los cuestionamientos surgieron hace dos años en relación a la gestión de la segunda etapa de la bicisenda de la ruta 40 de esa localidad, donde los imputados habrían ordenando la contratación directa de una misma empresa; estableciendo tres etapas con el único fundamento de sectorizar dicha acción con el objetivo de no superar el monto de la ordenanza que exige llevar a cabo el concurso de precios.

Es decir que, para favorecer a una empresa, Rojas y Morazzani habrían acordado dividir en tres etapas los desembolsos para permitirse una contratación directa, evitando así la compulsa con otras empresas interesadas.

Además, se les cuestiona la omisión de suscribir el correspondiente contrato en el que se pudiera plasmar las particularidades de la contratación, con posibilidad de ocasionar un daño o perjuicio a la administración, por falta de certidumbre jurídica.

Asimismo, según la acusación, los imputados tuvieron a su cargo la compra de hierros para la segunda etapa de la bicisenda, aunque estuviese acreditado que los materiales no fueron destinados para la obra. La explicación demostraría lo burdo de la maniobra: la pavimentación de la bicisenda no lleva hierros.

El fiscal Lista expresó que “se puede inferir que los materiales comprados y abonados por el municipio de Dina Huapi, conforme transferencias bancarias electrónicas obrantes en el expediente, no han tenido como destino la obra sobre la que se pretendió justificar el gasto. Se le ha asignado a tales materiales un uso distinto por el que debían ser administrados y utilizados como marca la ley. Además de no cumplir con la formalidad exigible para toda contratación de una obra pública, ya que únicamente se solicitó un presupuesto que directamente fue aceptado y sin más se realizó la obra”, enumeró.

La acusación fue sustentadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, con diferente material probatorio tales como “el balance de Inversión de Fondos, memoria de obra delegada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Dina Huapi, detalle de depósitos bancarios, cómputo y presupuesto de la obra, facturas y diversas testimoniales”.

La conducta atribuida a los imputados, encuadra en los delitos de abuso de autoridad, malversación y sustracción de caudales públicos.

Este gobierno dinahuapense no se destaca precisamente por la legalidad

Aca una pequeña prueba:

Funcionaria renunció y se convirtió en proveedora del Municipio de Dina Huapi

No es la primera vez que se escuestionado el manejo de los fondos públicos por parte de Rojas. Oportunamente, y tal como reflejó este medio, vecinos presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, ya que la ex secretaria Privada del Intendente, Patricia Maizon, se convirtió el proveedora municipal pocos días después de dejar su cargo. El hecho ocurrió en 2017. La ex funcionaria renunció a su cargo el 9 de enero de ese año, y su primera factura en el ámbit privado -la número 0001-0000001- fue la correspondiente a la venta de uniformes al Municipio de Dina Huapi.

El hecho provocó una crisis interna en el Gobierno del dirigente del PRO.

En tanto, en mayo de 2017, En estos días reveló el intento de los Gobiernos nacional y municipal de Dina Huapi de digitar la compra de materiales para una obra pública, para favorecer a una empresa de la Provincia de Buenos Aires.

Escándalo en Dina Huapi por supuesto intento de Nación de digitar compra a un proveedor

Con fecha 17 de abril del año pasado, el Intendente Rojas recibió una nota supuestamente firmada por Juan Martín Monclá, Coordinador Regional de la Patagonia de la Secretaría de Asuntos Municipales, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. de la Nación. En esa misiva, el funcionario sugiere al jefe comunal dinahuapense, pasar por sobre la “legislación que rige vuestro municipio”, y que “de modo excepcional se autorice a contratar de forma directa con los proveedores” ya presentados al momento de solicitar los fondos.

Así, el funcionario nacional habría intentado -con la anuencia de Rojas- digitar la adquisición de materiales -fundamentalmente luces tipo leds- para la obra de luminaria del boulevard Las Muticias. El tema fue otro escándalo de la administración del PRO en Dina Huapi.

Fuente: www.enestosdias.com.ar

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